sáb. Abr 27th, 2024

El 2 de noviembre de 2023, la Legislatura Porteña aprobó un proyecto para que el Gobierno de la Ciudad descatalogue el inmueble ubicado en Av. Belgrano 1772, propiedad que pertenece a la Fundación Favaloro. Este inmueble tiene actualmente protección patrimonial Nivel Cautelar. El pedido de descatalogación fue presentado como proyecto de ley por el Sr. Luciano Gentile Bioing, Director operativo del Hospital Universitario Fundación Favaloro. La descatalogación implica que el edificio será demolido sin siquiera conservar su fachada. La Fundación hizo este pedido debido a que el Hospital Universitario ubicado al lado del inmueble que se quiere descatalogar, tiene limitaciones funcionales y por eso necesitan demoler el edificio protegido patrimonialmente para incrementar sus prestaciones.

Jonatan Valdivieso (fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos) dijo al respecto: “Vivimos un contexto de constante pérdida del patrimonio porteño. En este marco, por lo menos, teníamos la confianza de que los inmuebles que cuentan con protección patrimonial estaban salvados de la especulación inmobiliaria desbocada en la ciudad, los negociados y la sobreconstrucción. La aprobación de este proyecto de ley nos demuestra que ningún inmueble protegido está a salvo. Al contrario, por más protección legal actual del patrimonio este se encuentra en un constante riesgo ya que cualquier argumento va a resultar válido para su desprotección y destrucción. Esta incertidumbre es la que se encuentra prohibida a nivel internacional y en nuestra constitución. El principio de no regresividad está reconocido en tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú, en leyes nacionales como la Ley General del Ambiente y es uno de los ejes arquitectónicos en la protección de los derechos ambientales y culturales”.

María Eva Koutsovitis (fundadora de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos y Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria) también opinó: “Este antecedente es gravísimo para la protección del patrimonio de la ciudad ya que implica que a partir de ahora ningún inmueble que goza de protección patrimonial está a salvo de intereses privados. La salud, la educación, el deporte, la cultura, etc. van a resultar fundamentos válidos para descatalogar un inmueble protegido y autorizar su demolición. Esto constituye una violación flagrante del principio de no regresividad en materia ambiental. La protección del patrimonio forma parte de los derechos culturales y del derecho al ambiente urbano sano y equilibrado. Una vez que el Estado incrementó la protección de un derecho ambiental y cultural tiene prohibido dar marcha atrás”.

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